A nadie le sorprenderá si digo que todo el drama del Covid-19 le ha venido de perlas al gobierno social comunista de España.
Cuando el virus llegó a nuestro país (recordemos las palabras del doctor Simón: “No llegará a España y, si llega, apenas serán un par de casos sin trascendencia”) el gobierno no hizo absolutamente nada para contenerlo. Tanto, que incluso las personas que venían de países extranjeros (Italia incluida) alucinaban con el hecho de que no se les tomara siquiera la temperatura al llegar al aeropuerto. Por supuesto, continuamos recibiendo vuelos de lugares incluso vetados por ser foco activo de la enfermedad (más de 18.000 personas) y mientras tanto, el gobierno a por uvas. En estas estábamos con la OMS (que ha demostrado su dudosa capacidad, por no decir su connivencia con China) pensando si declarar la pandemia o no, mientras la epidemia se extendía como la pólvora por el mundo. En tanto, nosotros ya teníamos al podemita y comunista reconocido Pablo Iglesias no solo en la vicepresidencia (una de ellas) del gobierno, sino a la cabeza del CNI (el servicio de inteligencia español). Es decir, que un individuo que supone un peligro extremo para el estado de derecho, que se ha declarado enemigo jurado del Estado, que desprecia a España (nombre que dice no poder pronunciar), que asegura que el himno es una triste propaganda fachorra y fascista, que alentaba a patear a la policía en altercados ciudadanos y que deseaba abolir la Constitución, tiene acceso a toda la información sensible de España. Con un par, sí, señor.
Mientras el coronavirus va mermando a la población (sanitarios incluidos, nuestra primera línea de defensa a la que se deja completamente desprotegida), el gobierno decreta el estado de alarma, aprovechando para tenernos retenidos y silenciados en nuestras casas, destrozando el tejido económico del país y colando en el BOE (Boletín Oficial del Estado) unas cuantas leyes que no hubieran podido llevar a buen término de encontrarnos en una situación normal. Así, ahora se permiten los ataques, las injurias y las calumnias al Estado y a su máximo exponente, el Jefe del Estado, que no es otro sino el rey. También permiten el empadronamiento de okupas en viviendas violentadas ilegalmente o el empadronamiento de personas sin recursos en cuevas, caravanas o chambados. Poco después, ordenan a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que persigan a los peligrosos disidentes que no nos callamos y denunciamos la mala gestión (criminal en realidad) del gobierno frente a la crisis sanitaria en las redes sociales. Está prohibido cuestionar o criticar al gobierno, ¿les suena esto de algún otro país democrático que conozcan? Riegan a los medios de comunicación con dinero público para asegurarse de que las noticias que les llegan sean sesgadas y siempre favorables al gobierno (incluso llegan a sondear a la población sobre la necesidad de acallar a los medios de comunicación no partidistas), de tal modo que si no se molestan en contrastar las opiniones de los telediarios, jamás sabrán la verdad que se oculta bajo la fachada sonriente de Pedro Sánchez. No decretan ninguna clase de luto por las muertes de casi 30.000 españoles (cifras oficiales) y llegan incluso a emplear a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en beneficio propio para multar, acallar, disuadir, perseguir e incluso identificar a los ciudadanos que protestan libremente contra el ejecutivo. Lanzan cortinas de humo populistas, como la imposibilidad del despido para los millones de trabajadores que están en sus domicilios, encerrados por ellos, mientras ceja en sus funciones a la hora de pagar los ERTES (más de 300.000 personas aún no los han cobrado a día de hoy). Toda una campaña de imagen y una maniobra de distracción para ocultar su manifiesta incapacidad y sus delicados escándalos anteriores (¿alguien se acuerda de Delcy Rodríguez?). Promete una paga mínima vital a aquellos que no poseen ingresos, alentando la vagancia crónica y asegurándose así unos cuántos votos para las próximas elecciones (incluyendo a aquellos que antes no podían votar porque no se encontraban censados).
¿Qué persigue el gobierno con estas medidas? No es destruir España, es tener agarrada a su ciudadanía por sus partes nobles. El comunismo detesta a los empresarios, autónomos y emprendedores. Los detesta porque puede tener un limitado control sobre ellos. Los detesta porque ofrecen empleo y cierta libertad económica a los ciudadanos. El comunismo no quiere que los ciudadanos sean independientes, lo que desea es que dependan de (papá) Estado, que se encargará de gestionar por ellos sus finanzas y todo cuanto poseen para, en teoría, generar un sistema igualitario a nivel social. Permítanme que me ría. Es decir, que nuestro querido Pablo Iglesias pretende controlar los ahorros de los españoles para intervenirlos en caso de necesidad en favor del bien común, pero lo hace desde su chalé de lujo en Galapagar. El clásico ejemplo de dictador comunista (haz lo que diga, pero no lo que haga). Mientras ellos disfrutan de las griferías de oro, el servicio en casa y cualquier lujo imaginable, lo que quieren es la ruina para el resto, porque el comunismo es, amigos míos, utópico y siempre supeditado a la inherente sed de poder y dinero de la mayoría de los seres humanos, especialmente de los que se encuentran en las altas instancias del ejecutivo. Recordemos que las únicas dictaduras que quedan en el mundo son comunistas y que países democráticos como Alemania lo tienen ilegalizado a nivel político.
Y mientras tanto, nosotros aplaudiendo cada tarde y, sobre todo, mudos, terriblemente mudos.
Lo que se avecina es una crisis económica de terribles proporciones, acogida y aumentada por un gobierno que no ha querido tomar las medidas sanitarias oportunas y ha preferido dejar morir o encerrar a la población para coartar sus libertades y tenerlos dóciles, al tiempo que destruye el tejido económico de un país para que la ciudadanía se vea avocada a la dependencia del Estado social comunista que rige sus destinos. Por supuesto, esto conllevará un nuevo aumento de los impuestos para cubrir esas necesidades. Esta será la nueva realidad de España si no lo impedimos.
¡Despierta España!
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